Análisis del gasto en el presupuesto de México 2026

México reduce gasto y mejora déficit fiscal en 2026

Gasto público bajo lo previsto
Entre enero y abril de 2026, la SHCP reportó un gasto neto del sector público 351,083 millones de pesos menor a lo programado y un déficit fiscal de 178,466 millones (vs. 181,833 millones en el mismo periodo de 2025). Del ajuste, 75% se concentró en gasto programable y 25% en no programable.
Para leer el resto sin perderse: “programado” es lo calendarizado en el presupuesto para el periodo; “ejercido” es lo efectivamente gastado. Y RFSP (Requerimientos Financieros del Sector Público) es la medida más amplia del déficit: suele usarse como el “marcador” fiscal que miran mercados y calificadoras.

• Entre enero y abril de 2026, el sector público gastó 351,083 millones de pesos menos de lo programado.
• Con ese ajuste, el déficit fiscal del periodo fue de 178,466 millones, ligeramente menor al de 2025.
• 75% del recorte se concentró en gasto programable; el resto, en no programable (incluye costo de la deuda).
• Aun con declaraciones anuales en marzo y abril, los ingresos cayeron 2.2% anual y frente a lo presupuestado.

Reducción del gasto en el primer cuatrimestre de 2026

Interpretación del subejercicio cuatrimestral
Cómo interpretar “gasto menor a lo programado” en un cuatrimestre:Programado: lo que el presupuesto calendarizó para enero-abril.Ejercido: lo que efectivamente se pagó/comprometió en ese periodo.Diferencia (subejercicio): puede ser (a) recalendarización (gasto que se mueve a meses posteriores), (b) ahorro/eficiencia (se gastó menos para lograr lo mismo) o (c) contención/recorte operativo (se frena gasto para cuidar metas fiscales).

Pista práctica: para saber si es “solo timing” o un ajuste más duro, suele observarse si en meses posteriores hay aceleración de pagos/obra o si el rezago se mantiene.

En el primer cuatrimestre de 2026 (enero-abril), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que el gasto neto del sector público se ubicó por debajo de lo programado. En términos prácticos, esto significa que el sector público ejerció menos recursos que los aprobados por el Congreso para ese tramo del año.

Desde la óptica de quienes operamos con empresas medianas —en especial exportadoras e importadoras— este dato importa por una razón simple: cuando el gasto público se desacelera, suele moverse el ritmo de pagos, compras gubernamentales, inversión pública y demanda agregada en sectores que dependen de obra, servicios y proveeduría pública. No es un juicio político; es un mecanismo de transmisión hacia ventas, cobranza y planeación de caja.

Hacienda vinculó este menor ejercicio del gasto con un objetivo explícito: contener el déficit fiscal, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).

Definiciones rápidas (para leer el resto del análisis): los RFSP son la medida más amplia del déficit del sector público; el gasto programable es el que financia bienes y servicios públicos (y suele ser más ajustable en calendarización), mientras que el no programable agrupa obligaciones más rígidas, como el costo de la deuda. Es decir, el ajuste no se presenta como un evento aislado, sino como parte de una estrategia para mantener el balance fiscal “en línea” con metas aprobadas.

El recorte, además, no fue marginal: por su tamaño, sugiere una ejecución más cautelosa del presupuesto en el arranque del año. Para las empresas, la lectura operativa es doble. Por un lado, puede implicar menos presión inmediata sobre variables macro asociadas al déficit (y, por extensión, sobre percepción de riesgo). Por el otro, puede traducirse en menor tracción para actividades ligadas a gasto programable (salud, educación, medio ambiente e inversión pública), rubros que suelen ser “susceptibles” a ajustes.

En este punto conviene separar dos planos: el fiscal (cómo se ve el déficit) y el real (cómo se siente en la economía). El primero puede mejorar con recortes; el segundo depende de dónde se recorta y con qué velocidad se reprograma el gasto. Y ese “dónde” es clave para entender el resto de los datos del cuatrimestre.

Déficit fiscal del sector público en comparación con el año anterior

Con el menor ejercicio del gasto, el sector público registró en enero-abril de 2026 un déficit fiscal de 178,466 millones de pesos, cifra ligeramente menor a la observada en el mismo periodo de 2025, cuando fue de 181,833 millones, de acuerdo con cifras de la SHCP.

La diferencia es pequeña en términos absolutos, pero relevante por el contexto: el ajuste al gasto se presenta como una respuesta para evitar que el déficit se amplíe en un entorno donde, además, los ingresos mostraron caídas (un punto que abordamos más adelante). En otras palabras, el gobierno compensó un desempeño débil de ingresos con una ejecución del gasto más contenida.

Hacienda también reportó que los RFSP —la métrica más amplia del déficit del sector público— ascendieron a 179,000 millones de pesos en el cuatrimestre, “en línea con las metas aprobadas” por el Congreso. En el mismo reporte se destacó que este nivel fue el segundo menor desde enero-abril de 2023. La señal que busca enviar la autoridad es de control: el déficit no solo no se desbordó, sino que se mantuvo dentro del marco comprometido.

Para el lector empresarial, el matiz importante es que el déficit no es un número abstracto: influye en la conversación de calificadoras, en el costo de financiamiento soberano y, por canales indirectos, en condiciones financieras domésticas. Cuando el gobierno muestra capacidad de ajuste (reducir gasto, elevar ingresos o ambas), suele mejorar la narrativa de disciplina fiscal. Pero esa narrativa compite con otra realidad: si el ajuste recae en rubros que sostienen actividad económica, el impacto puede sentirse en demanda y en cadenas de proveeduría.

En suma, el cuatrimestre deja una fotografía de “déficit contenido” más por el lado del gasto que por el lado de ingresos. Para empresas con exposición a contratos públicos o a sectores intensivos en inversión pública, la pregunta práctica es: ¿qué tan persistente será este patrón y en qué partidas se concentrará?

Destinos del ajuste al gasto público

Cómo se aplica un ajuste fiscal
Cómo suele “bajarse” un ajuste cuando el objetivo es cuidar el déficit (lectura operativa):
1) Se revisa el gasto programable primero (porque es más calendarizable): obra, compras, servicios, subsidios operativos.
2) Se prioriza lo ineludible dentro de programable (nómina esencial, operación crítica) y se difiere lo que puede moverse (licitaciones, mantenimiento no urgente, ampliaciones).
3) Se contiene lo no programable solo donde hay margen administrativo (por ejemplo, gestión de calendarios), porque obligaciones como el servicio de deuda son rígidas.
Checkpoints para empresas proveedoras: cambios en calendarios de licitación, órdenes de compra, estimaciones de obra y tiempos de pago suelen ser las primeras señales prácticas.

Hacienda detalló el destino del ajuste de 351,083 millones de pesos: 75% se aplicó a gasto programable y el resto a gasto no programable. Esta división es más que contable. En la práctica, define si el recorte pega a la provisión de bienes y servicios públicos (programable) o a obligaciones y costos más rígidos (no programable), como el costo de la deuda.

Para empresas medianas, esta composición importa porque el gasto programable suele ser el que más se conecta con economía real: compras, servicios, inversión pública y operación de dependencias. El gasto no programable, en cambio, tiende a ser menos “contratable” por el sector privado (aunque afecta el entorno financiero por la vía del servicio de deuda).

El académico Pablo Cotler Ávalos (Universidad Iberoamericana, CDMX) lo enmarcó en términos de expectativas: las calificadoras no necesariamente esperan cambios drásticos inmediatos, sino el inicio de un proceso que muestre capacidad del gobierno para ajustar gasto e ingresos de manera sostenida. Ese “proceso” se vuelve creíble o no, en parte, por la calidad del ajuste: recortar lo fácil (lo programable) puede ser rápido, pero tiene costos económicos y de gestión pública.

A continuación, desagregamos qué implica cada rubro, con el foco puesto en mecanismos que sí tocan decisiones empresariales: demanda, tiempos de pago, licitaciones, inversión pública y, en general, el pulso de sectores que dependen del gasto federal.

Gasto programable

El gasto programable concentra los recursos destinados a “atender y brindar bienes y servicios públicos a la población”, según la definición que acompaña el reporte. Que tres cuartas partes del ajuste se hayan aplicado aquí sugiere que el recorte se cargó hacia partidas donde el gobierno tiene mayor discrecionalidad de calendarización y ejecución.

Dentro de este universo, el propio análisis citado en la nota advierte que la inversión pública y rubros como salud, educación y medio ambiente suelen ser de los más susceptibles a ajustes presupuestales. La razón es operativa: son áreas donde se puede diferir obra, reprogramar compras, ralentizar proyectos o contener gasto corriente sin tocar obligaciones inmediatas como el servicio de deuda.

El impacto económico de recortar gasto programable puede verse en dos horizontes:

• Corto plazo: menor demanda por bienes y servicios. Para proveedores (construcción, mantenimiento, insumos, servicios profesionales), esto puede significar menos órdenes, licitaciones más lentas o calendarios de pago más conservadores.
• Mediano plazo: una “peor gestión pública” si la reducción de recursos limita capacidades operativas, como señaló el académico. Esto puede traducirse en trámites más lentos, menor ejecución de programas o deterioro de servicios, con efectos indirectos sobre productividad.

Para empresas exportadoras e importadoras, el canal no siempre es directo, pero existe: infraestructura y servicios públicos (logística, conectividad, gestión ambiental, salud laboral, educación técnica) influyen en costos y continuidad operativa. Un ajuste fuerte en programable puede no pegar hoy a la balanza de una empresa, pero sí a su entorno de operación.

Gasto no programable

El gasto no programable absorbió el 25% restante del ajuste. Este rubro se asocia a pagos “obligatorios”, y el ejemplo más claro mencionado es el costo de la deuda. En general, es el tipo de gasto donde el margen de maniobra es menor: no se puede “pausar” el servicio de deuda sin consecuencias, y muchas obligaciones están determinadas por contratos, leyes o condiciones financieras.

Que una parte del ajuste se haya dado aquí puede interpretarse como un esfuerzo por contener presiones en componentes rígidos, aunque el detalle fino de cómo se logra (por ejemplo, calendarización, menores costos financieros o ajustes administrativos) no se desglosa en la información disponible. Lo relevante es que, aun siendo menos flexible, el no programable también entró en la estrategia de contención.

Para el sector empresarial, el gasto no programable importa por su vínculo con el entorno financiero: el costo de la deuda pública y su trayectoria influyen en percepción de riesgo país y, por extensión, en primas y condiciones de financiamiento. No es una relación mecánica, pero sí un canal observado por mercados y calificadoras.

En términos de operación diaria, este rubro suele sentirse menos en “ventas” y más en “precio del dinero”: tasas, spreads, apetito de crédito y volatilidad. Por eso, cuando Hacienda enfatiza RFSP “en línea con metas”, está hablando también a ese público: inversionistas institucionales, agencias y, en última instancia, al costo de fondeo que permea al sistema.

Revisión de la calificación crediticia de México por Moody’s

Señales de ajuste fiscal creíble
Lectura experta sobre el “por qué” del ajuste: Pablo Cotler Ávalos, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (IBERO) CDMX —con enfoque en economía pública— señala que las calificadoras suelen buscar señales de inicio de un proceso (capacidad de reducir gasto, elevar ingresos y contener el déficit) más que un cambio drástico inmediato. En ese sentido, un menor gasto ejercido en el arranque del año funciona como señal de ejecución, pero la credibilidad se juega en la consistencia a lo largo del tiempo.

En mayo, Moody’s revisó a la baja la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3. En paralelo, S&P cambió la perspectiva de estable a negativa. Son movimientos distintos (una baja de nota vs. un cambio de perspectiva), pero ambos elevan el nivel de escrutinio sobre la trayectoria fiscal y la capacidad del gobierno para sostenerla.

La SHCP, encabezada por Édgar Amador Zamora, sostuvo que se cuenta con un conjunto de acciones para la reducción del déficit fiscal o de los RFSP. En ese marco, el menor gasto ejercido en el primer cuatrimestre se vuelve una pieza de evidencia: muestra que, al menos en el arranque del año, Hacienda está dispuesta a ajustar ejecución para mantener el déficit a raya.

La lectura de Pablo Cotler Ávalos (IBERO CDMX) aporta un punto clave para entender el “timing” de las calificadoras: no necesariamente esperan un giro abrupto de un día para otro, sino señales de inicio de un proceso que demuestre capacidad de ajustar gasto e ingresos de forma consistente. En otras palabras, el mercado no solo mira el dato del cuatrimestre; mira si hay una trayectoria creíble.

Para empresas medianas, estas revisiones importan por tres razones prácticas:

1. Costo de financiamiento y spreads: una percepción de mayor riesgo soberano puede trasladarse, con distintos grados, a costos de fondeo en el sistema financiero.
2. Tipo de cambio y volatilidad: cambios en narrativa de riesgo pueden aumentar sensibilidad del peso a noticias fiscales (sin que eso implique una dirección única).
3. Planeación de caja y cobertura: en entornos donde el riesgo país se discute más, conviene revisar políticas internas de liquidez, vencimientos y coberturas (cambiarias o de tasa) para no depender de ventanas de mercado “perfectas”.

Nada de esto significa que una empresa deba reaccionar con alarma. Pero sí sugiere que 2026 se está jugando, en parte, en el terreno de la credibilidad fiscal: qué tan sostenible es el ajuste si los ingresos no acompañan.

Caídas en los ingresos reportados

Ajuste fiscal y actividad económica
El intercambio que deja el cuatrimestre:Si los ingresos caen (2.2% anual y vs. lo presupuestado), mantener el déficit “en línea” suele requerir más contención del gasto.Esa contención puede ayudar a la narrativa fiscal (RFSP/deficit bajo control), pero puede sentirse en la economía real vía menor demanda, recalendarización de proyectos y, en algunos casos, pagos más cautelosos.Para empresas, el riesgo operativo no es “el dato”, sino la persistencia: si la caída de ingresos continúa, la presión por ajustar programable puede extenderse.

El otro lado de la ecuación fiscal del cuatrimestre es el ingreso. Hacienda reportó que los ingresos cayeron 2.2% tanto en comparación anual como frente a lo presupuestado, a pesar de que marzo y abril concentran la presentación de declaraciones anuales de empresas y personas físicas. Es un dato relevante porque esos meses suelen ser un “pico” de recaudación y, aun así, el resultado fue de caída.

La nota también señala que se observaron bajas en ingresos petroleros y tributarios. Es decir, no fue un solo componente el que falló: hubo debilidad en dos fuentes centrales de recursos públicos.

Para el análisis empresarial, esta combinación (ingresos a la baja + gasto contenido) es importante porque sugiere que el ajuste fiscal, al menos en el corto plazo, está descansando más en la contención del gasto que en un repunte de ingresos. Eso puede sostener el déficit en el cuatrimestre, pero abre preguntas sobre el resto del año: si los ingresos no se recuperan, la presión por seguir ajustando gasto podría continuar.

Además, cuando los ingresos caen “frente a lo presupuestado”, el mensaje es que no solo hubo una variación cíclica: hubo una desviación respecto del plan. Y cuando el plan se desvía, la ejecución del gasto suele volverse más prudente, especialmente en rubros programables.

Impacto en ingresos petroleros

La información disponible confirma que hubo bajas en los ingresos petroleros. En México, este componente es sensible a variables que no controla del todo la política fiscal en el corto plazo (por ejemplo, condiciones del mercado petrolero y desempeño operativo del sector). Sin entrar en cifras no reportadas, el punto central es que el petróleo no funcionó como “amortiguador” de ingresos en el cuatrimestre.

Para empresas, el canal de transmisión no es solo fiscal. Cuando los ingresos petroleros se debilitan, el gobierno tiende a depender más de recaudación tributaria o de ajustes al gasto para cumplir metas. Eso puede afectar el ritmo de inversión pública y, por extensión, sectores vinculados a infraestructura y proveeduría.

En el plano financiero, menores ingresos petroleros también pueden alimentar la conversación de sostenibilidad fiscal, justo cuando hay revisiones de calificadoras. Por eso, aunque el recorte de gasto ayudó a contener el déficit, la debilidad petrolera agrega un elemento de fragilidad: el ajuste no ocurre en un contexto de ingresos robustos.

En términos de decisiones concretas, para compañías con exposición a contratos públicos o a cadenas relacionadas con energía e infraestructura, conviene monitorear dos cosas: (1) el ritmo de ejecución de proyectos y (2) la calendarización de pagos. Un entorno de ingresos petroleros débiles puede traducirse en mayor cautela administrativa.

Impacto en ingresos tributarios

También se reportaron bajas en los ingresos tributarios, y el dato se vuelve más llamativo por el calendario: marzo y abril incluyen declaraciones anuales de personas físicas y empresas. Aun con ese impulso estacional, el ingreso tributario no alcanzó lo presupuestado y cayó en comparación anual.

Para el sector privado, este punto tiene dos lecturas. La primera es macro: si la recaudación no acompaña, el gobierno puede enfrentar mayor presión para ajustar gasto o buscar medidas que fortalezcan ingresos en el tiempo. La segunda es micro: una recaudación débil puede reflejar un entorno económico donde utilidades, actividad o bases gravables no crecieron como se esperaba (sin que podamos atribuir causas específicas con la información disponible).

En cualquier caso, la combinación de recaudación a la baja y ajuste al gasto refuerza la idea de un 2026 fiscalmente más “apretado” en ejecución. Para tesorerías corporativas, esto se traduce en una recomendación práctica: no asumir que el gasto público será un motor automático de demanda durante el año; más bien, tratarlo como una variable que puede seguir sujeta a contención.

Y para empresas que venden al gobierno o a sectores regulados, el mensaje es de gestión de riesgo: revisar condiciones de crédito, plazos de cobro y necesidad de liquidez para absorber retrasos, si los hubiera, en un entorno donde Hacienda prioriza metas de déficit.

Requerimientos Financieros del Sector Público en 2026

RFSP y déficit fiscal: diferencias
RFSP vs. “déficit” (por qué aparecen ambos):Déficit fiscal (en el texto): suele referirse al balance del sector público en el periodo.RFSP: es una medida más amplia del faltante de financiamiento del sector público; por eso se usa como referencia de disciplina fiscal.

Regla práctica de lectura: cuando Hacienda dice “RFSP en línea con metas”, está hablando del indicador que normalmente se toma como el ancla para evaluar si la trayectoria fiscal va conforme a lo aprobado.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) son la medida más amplia del balance fiscal: capturan el déficit del sector público y, por tanto, son una referencia central para evaluar disciplina fiscal. En enero-abril de 2026, Hacienda reportó RFSP por 179,000 millones de pesos, “en línea con las metas”.

En el mismo mensaje, la SHCP destacó que este nivel fue el segundo menor desde el periodo enero-abril de 2023. La intención es clara: mostrar que, pese a presiones (como ingresos a la baja y el entorno de calificación), el gobierno mantiene el timón fiscal dentro de parámetros comprometidos.

Ahora bien, el mecanismo para lograrlo en el cuatrimestre fue principalmente el menor gasto ejercido. En términos de sostenibilidad, esto abre una pregunta que a nosotros nos interesa por su impacto en empresas: ¿qué tan replicable es este ajuste durante el resto del año sin afectar la operación de dependencias, inversión pública y provisión de servicios?

La respuesta no está en un solo dato, pero el reparto del ajuste (75% programable) sugiere que la contención se apoyó en rubros con impacto

Este análisis lo leemos desde Mundi, una fintech mexicana de comercio internacional: nos interesa cómo los movimientos fiscales se traducen en decisiones de caja (cobranza, plazos de pago y capital de trabajo) para empresas medianas exportadoras e importadoras.

Este texto refleja información y mensajes públicos disponibles para el periodo enero-abril de 2026 y el contexto de revisiones de calificación mencionado. Algunos detalles (como el desglose operativo de ajustes por rubro) podrían cambiar a medida que se publiquen nuevas cifras. La lectura empresarial es orientativa y puede variar según el sector y la exposición al gasto público.